Renta valenciana de inclusión: la Ley 2/2026 entra en vigor y deroga la Ley 19/2017

Qué es y cómo se compone

La renta valenciana de inclusión es un derecho subjetivo que se concreta en una prestación económica y una prestación profesional, para facilitar un proceso de inclusión social y garantizar un nivel de vida adecuado (art. 6.1). Sus prestaciones no tienen naturaleza de subvención (art. 6.2).

Sus características están en el art. 7:

• ·Es complementaria y subsidiaria de cualquier otro recurso o prestación económica, que hay que pedir antes.
• ·Es intransferible: no se cede, ni se compensa, ni sirve de garantía, salvo para reintegrar lo cobrado indebidamente.
• ·Va unida a la obligación de participar en el PAI, el plan de atención individual de inclusión.
• ·Es periódica, con una duración inicial de seis años renovables; después, la renovación es cada tres años, mientras siga la situación de vulnerabilidad.

Quién puede pedirla

• ·Edad (art. 4.2): 23 años. Entre los 23 y los 30 hay que acreditar dos años de vida independiente, salvo excepciones como una discapacidad del 33 % o una dependencia reconocida, tener hijos menores a cargo, ser víctima de violencia sobre la mujer o de trata, o la orfandad absoluta. Entre 18 y 22, solo en esas situaciones o si se ha estado bajo una medida de protección en los tres años anteriores a la mayoría de edad.
• ·Residencia (art. 9.1, en la redacción de la Ley 5/2026): empadronamiento en la Comunitat durante tres años seguidos inmediatamente antes de la solicitud, o diez años dentro de los treinta anteriores. No se exige, entre otros, a quien tiene protección internacional, a las víctimas de trata o de violencia sobre la mujer, ni a quien se incorpora a la unidad por nacimiento, adopción o acogimiento (art. 9.2).
• ·Vulnerabilidad económica (art. 11): no tener ingresos, o que sean inferiores al menos en 10 euros a la cuantía máxima que corresponde a la unidad de convivencia. El ingreso mínimo vital no cuenta para este cálculo.
• ·Vulnerabilidad social (art. 10): se acredita con el diagnóstico que hacen los servicios sociales de atención primaria.
• ·Además, quien la pide no puede estar de alta laboral, ni ocupar una plaza residencial permanente, ni estar cumpliendo pena de prisión (art. 8.2).

La cuantía

Las cuantías máximas, según el número de personas de la unidad de convivencia, están en el anexo I de la ley. Se revisan cada año teniendo en cuenta, entre otros, el IPC; la revisión nunca puede bajarlas, y el conjunto no puede superar el salario mínimo interprofesional (art. 23.1).

Lo que se cobra es la diferencia entre esa cuantía máxima y los ingresos de la unidad, más los complementos que correspondan, menos lo que se cobre de ingreso mínimo vital (arts. 23 y 31). Los complementos que conviene saber:

• ·30 % del importe reconocido por la hipoteca o el alquiler de la vivienda habitual (art. 27).
• ·Un complemento por cada menor a cargo, hasta el límite del anexo IV (art. 28).
• ·Un complemento de itinerario específico para personas que se comprometen a un itinerario para salir de la prostitución (art. 29).
• ·Uno extraordinario del 15 % para situaciones de emergencia social (art. 30).

Y un incentivo al empleo durante doce meses para quien empieza a trabajar: del sueldo se descuenta solo una parte, con un coeficiente del 40 %, 60 % y 80 % en el primer, segundo y tercer cuatrimestre. Si se ganan 200 euros al mes o menos, no computan (art. 26).

El procedimiento, con sus plazos

• ·Solicitud (art. 32): ante la dirección general competente, preferentemente por vía electrónica, con declaración responsable y el acuerdo de inclusión. Se puede presentar con tres meses de antelación si hay una fecha conocida en que se van a cumplir los requisitos, por ejemplo la edad (art. 33).
• ·Subsanación: diez días; si no se subsana, se tiene por desistida la solicitud (art. 34).
• ·Diagnóstico: si no está hecho, los servicios sociales municipales tienen un mes para enviarlo, y el plazo para resolver se suspende mientras tanto (art. 35).
• ·Resolución: cinco meses. Pasado ese plazo sin resolución notificada, silencio negativo (art. 36.1).
• ·Efectos económicos: desde el primer día del mes siguiente a la solicitud. Se paga por mensualidades vencidas, antes del quinto día hábil del mes siguiente (art. 37).
• ·Recurso: reclamación administrativa previa ante el órgano que resolvió, en treinta días, antes de demandar ante el Juzgado de lo Social. La Administración tiene cuarenta y cinco días para contestar (art. 46).

Qué hace el ayuntamiento

Si te presentas a un ayuntamiento valenciano, este es el artículo que cae. A los municipios, a través de los servicios sociales de atención primaria, les corresponde (art. 68):

• ·Detectar a las personas y unidades de convivencia en riesgo o en situación de exclusión.
• ·Informar y asesorar sobre los requisitos, y acompañar en todo el procedimiento, sobre todo al presentar la solicitud.
• ·Hacer la valoración social y el diagnóstico de vulnerabilidad o exclusión social.
• ·Elaborar el PAI y acompañar el itinerario de inclusión y, en su caso, el de inserción laboral.
• ·Hacer el seguimiento, la revisión y la evaluación de esos instrumentos.

La Generalitat se queda con la elaboración de las normas de desarrollo y con la instrucción, resolución, financiación y pago de la prestación (art. 67).

Y quien ya la cobraba

Las unidades de convivencia que ya eran destinatarias el 20 de octubre mantienen el derecho y se ajustan a la nueva ley, con garantía de cobrar al menos la cuantía que tenían reconocida. La ley nueva se les aplica entera si cambian sus circunstancias o cuando se actualicen las cuantías (disposición transitoria primera).

La disposición derogatoria deroga la Ley 19/2017 y las normas de igual o inferior rango que se opongan. El Decreto 60/2018, que desarrollaba la ley anterior, no se nombra: sigue en lo que no contradiga a la nueva.