La ley de publicidad institucional de cada comunidad: las doce que la tienen y las cuatro que no

Las doce que tienen ley propia

Con su título oficial, tal como está en el BOE. Ninguna de las doce está derogada:

• ·Andalucía — Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía.
• ·Aragón — Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre publicidad institucional.
• ·Asturias — Ley 6/2006, de 20 de junio, de Comunicación y Publicidad Institucionales.
• ·Illes Balears — Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de las Illes Balears.
• ·Canarias — Ley 2/2007, de 9 de febrero, reguladora de las campañas institucionales realizadas por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y por las restantes entidades comprendidas en el sector público autonómico canario.
• ·Castilla y León — Ley 4/2009, de 28 de mayo, de publicidad institucional de Castilla y León.
• ·Cataluña — Ley 18/2000, de 29 de diciembre, por la que se regula la publicidad institucional.
• ·Extremadura — Ley 8/2013, de 27 de diciembre, de comunicación y publicidad institucional de Extremadura.
• ·Región de Murcia — Ley 13/2018, de 29 de noviembre, de Comunicación y Publicidad Institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• ·La Rioja — Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional.
• ·País Vasco — Ley 6/2010, de 23 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional de Euskadi.
• ·Comunitat Valenciana — Ley 12/2018, de 24 de mayo, de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas.

Madrid y Navarra: no tienen ley, tienen obligación de publicar lo que gastan

Ninguna de las dos ha aprobado una ley de publicidad institucional. Lo que tienen es un artículo dentro de su ley de transparencia, y en los dos casos va de lo mismo: dar cuenta del dinero.

• ·Navarra — Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, artículo 23: «los contratos relativos a campañas de publicidad institucional se identificarán en un apartado independiente», estructurado en razón de su objeto.
• ·Comunidad de Madrid — Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación, artículo 18: hay que publicar «los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados… así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias, incluyendo el desglose de gastos por campaña y presupuesto asociado por medios de comunicación y los criterios para ese reparto».

Es decir: una obligación de transparencia sobre lo que se contrata, no un régimen de la publicidad en sí. Si tu temario navarro te pide «la normativa de publicidad institucional», eso es lo que hay.

Las tres que no tienen nada

Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha no tienen ninguna norma de publicidad ni de comunicación institucional: ni ley propia ni obligación de publicar dentro de otra. Lo hemos buscado en el catálogo completo de legislación consolidada del BOE y no aparece nada suyo.

Y conviene no confundirse con Madrid: es la comunidad con más población y más presupuesto de campañas y no tiene ley de publicidad institucional, pero sí tiene la obligación de publicar lo que gasta, por el artículo 18 de su ley de transparencia. No es lo mismo decir «no hay norma» que «no hay ley».

La estatal, que es la que sí hay que saberse de memoria

La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional es la que cae en todos los exámenes, también en los municipales. Tres artículos resuelven la mayoría de las preguntas:

• ·Artículo 1. Establece el régimen de las campañas institucionales promovidas o contratadas por la Administración General del Estado y las demás entidades del sector público estatal. Y marca qué queda fuera: las campañas de carácter industrial, comercial o mercantil que desarrollen esos mismos sujetos en el cumplimiento de sus fines propios (apartado 2), y las disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre actuaciones públicas que deban publicarse o difundirse por mandato legal (apartado 3).
• ·Artículo 4. Las prohibiciones. No se pueden promover ni contratar campañas que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos del artículo 1, ni las que menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o la actuación legítima de otro poder público en el ejercicio de sus competencias.
• ·Artículo 12. El Plan anual de publicidad y comunicación institucional lo elabora la Comisión de publicidad y comunicación institucional, a partir de las propuestas de todos los ministerios, y lo aprueba el Consejo de Ministros. Esa última frase es la que más se falla: la Comisión lo elabora, no lo aprueba.

La Comisión está regulada aparte, por el Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto.

Cómo estudiarlo sin perder el tiempo

1. 1.La Ley 29/2005, a fondo: exclusiones, prohibiciones y quién aprueba el plan anual. Cae esté donde esté tu plaza.
2. 2.La de tu comunidad, si existe, y con su título exacto. Doce la tienen; mira arriba si es tu caso.
3. 3.Si no existe, no la busques: en Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha no hay nada, y en Madrid y Navarra solo el artículo de transparencia que publica el gasto. Ese tiempo dedícalo a las ordenanzas del ayuntamiento que convoca, que esas sí entran.
4. 4.Comprueba la vigencia antes de fiarte de un apunte. Estas leyes se modifican por leyes de acompañamiento y por leyes audiovisuales. El texto bueno es el consolidado del BOE, no el PDF del boletín del año en que se aprobó.