Ley 10/2007 de la lectura, del libro y de las bibliotecas: lo que cae en la oposición

Cómo está montada la ley

Entró en vigor el 24 de junio de 2007, al día siguiente de publicarse en el BOE (disposición final cuarta). Tiene seis capítulos y diecisiete artículos, más cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales:

• ·Capítulo I (arts. 1 y 2): objeto, ámbito y definiciones.
• ·Capítulo II (arts. 3 y 4): promoción de la lectura y planes de fomento.
• ·Capítulo III (arts. 5 a 7): promoción de los autores y de la industria del libro.
• ·Capítulo IV (arts. 8 a 11): régimen jurídico del libro: ISBN, ISSN y precio fijo.
• ·Capítulo V (arts. 12 a 15): las bibliotecas.
• ·Capítulo VI (arts. 16 y 17): régimen sancionador.

Se ha tocado poco, pero se ha tocado. El artículo 1 tiene dos apartados añadidos (el libro y la cultura como «bien básico y de primera necesidad»), introducidos por el Real Decreto-ley 17/2020 en la redacción de la Ley 14/2021. Y el artículo 8.2 cambió con la Ley 21/2014, con efectos desde el 1 de enero de 2015. Si tus apuntes no recogen ninguna de las dos cosas, están hechos sobre el texto original.

Las definiciones del artículo 2

El artículo 2 define diez conceptos, de la a) a la j): libro, publicación seriada, editor, distribuidor, librero, consumidor final, biblioteca, bibliotecas digitales, impresor y publicación periódica. Para la oposición importan sobre todo tres:

• ·Libro (letra a): obra que constituye una publicación unitaria en uno o varios volúmenes, impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura. Incluye expresamente los libros electrónicos y los materiales complementarios editados con el libro.
• ·Biblioteca (letra g): «la estructura organizativa que, mediante los procesos y servicios técnicamente apropiados, tiene como misión facilitar el acceso en igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía a documentos publicados o difundidos en cualquier soporte».
• ·Bibliotecas digitales (letra h): colecciones organizadas de contenidos digitales puestos a disposición del público, digitalizados o nacidos digitales.

El precio fijo del libro: artículos 9 a 11

Es la parte más numérica de la ley y por eso la más preguntada. El editor o importador está obligado a fijar un precio de venta al público y a indicarlo en el libro (art. 9.1). A partir de ahí:

• ·Art. 9.3: el precio de venta al público puede oscilar entre el 95 % y el 100 % del precio fijo. Esta fue literalmente una pregunta del examen de Auxiliar de 2023.
• ·Art. 9.8: los comercios no pueden usar el libro como reclamo comercial para vender productos de otra naturaleza.
• ·Art. 10, exclusiones: no tienen precio fijo, entre otros, los libros de bibliófilo, los artísticos, los antiguos o de ediciones agotadas, los usados, los descatalogados y los libros de texto y material didáctico de Educación Primaria y ESO.
• ·Art. 11.1.a): en el Día del Libro y en ferias, congresos o exposiciones del libro, descuento de hasta el 10 %, si lo deciden sus organizadores del sector.
• ·Art. 11.1.b): cuando el comprador final son bibliotecas, archivos, museos, centros escolares, universidades o centros científicos o de investigación, descuento de hasta el 15 %.

Ojo a la diferencia entre exclusiones (art. 10: el libro queda fuera del régimen de precio fijo) y excepciones (art. 11: el libro tiene precio fijo, pero se permite un descuento mayor en casos concretos). Los tribunales juegan con las dos palabras.

ISBN e ISSN: artículo 8

El ISBN identifica cada libro y, en la redacción vigente del artículo 8.2, lo desarrolla en España la Agencia Española del ISBN, que entrega los registros al Ministerio. La redacción original atribuía esa función al Ministerio de Cultura: si un material te dice eso, es anterior a 2015. El ISSN, número de las publicaciones seriadas, lo gestiona la Biblioteca Nacional (art. 8.3), sin perjuicio de las competencias autonómicas.

Las bibliotecas: artículos 12 a 15

Principios y valores (art. 12)

El artículo 12.2 enumera cuatro: la libertad intelectual, el acceso a la información y el respeto a la propiedad intelectual; la igualdad de acceso sin discriminación; la pluralidad de la colección; y el respeto a la privacidad y confidencialidad de lo que cada usuario consulta o toma en préstamo.

La biblioteca pública (art. 13)

Es el artículo que más rinde. Tres apartados para llevar al pie de la letra:

• ·13.2: son bibliotecas públicas las que, sostenidas por organismos públicos o privados, se ofrecen abiertas a todos los ciudadanos con una colección de carácter general. La titularidad privada no las excluye; cómo se reconocen lo regula cada comunidad autónoma.
• ·13.4: los servicios básicos de toda biblioteca pública son cuatro: consulta en sala de su fondo; préstamo individual y colectivo; información y orientación para el uso de la biblioteca; y acceso a la información digital por Internet, con formación para su manejo.
• ·13.5: el acceso a esos servicios básicos es libre y gratuito.

El Sistema Español de Bibliotecas (art. 14)

Es el conjunto de órganos, centros y medios que, mediante cooperación y coordinación, desarrollan los servicios bibliotecarios. Lo integran (art. 14.2):

1. 1.El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el resto de bibliotecas de titularidad estatal.
2. 2.El Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
3. 3.Los sistemas bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales y entidades privadas, según las relaciones de cooperación, basadas en la voluntariedad, que se establezcan.

Del resto del artículo, lo que más se pregunta: el Ministerio es el responsable de elaborar el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (14.3.c), y las bibliotecas del sistema deben ser accesibles para las personas con discapacidad (14.6).

La cooperación y el Consejo de Cooperación Bibliotecaria (art. 15)

La cooperación bibliotecaria son vínculos de carácter voluntario entre bibliotecas y sistemas (15.1). El Consejo de Cooperación Bibliotecaria es el órgano colegiado de composición interadministrativa que canaliza esa cooperación entre administraciones (15.2). Según la ley, incluirá al menos representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y del Consejo de Universidades, y las sociedades profesionales de bibliotecarios estarán representadas con voz pero sin voto. Le corresponde, como mínimo, elaborar planes específicos de mejora de las bibliotecas (15.4).

Su reglamento es el Real Decreto 1573/2007: el Consejo está adscrito al Ministerio de Cultura (art. 1.2), funciona en Pleno, Comisión Permanente y comisiones técnicas de cooperación (art. 5.1), y estas son cinco: Biblioteca Nacional y bibliotecas nacionales y regionales de las comunidades, bibliotecas públicas, escolares, universitarias y especializadas (art. 5.2).

El régimen sancionador, en dos líneas

La potestad sancionadora la ejercen los órganos de las comunidades autónomas (art. 16). El artículo 17 solo distingue infracciones leves y graves: no hay muy graves. Entre las graves está la discriminación por razón de discapacidad que impida a usuarios o a profesionales de la biblioteca acceder a sus materiales, instalaciones y servicios (17.2.d). El artículo 16 sigue remitiendo a la Ley 30/1992, que está derogada: esa remisión se entiende hecha a la Ley 39/2015 (su disposición derogatoria única, apartado 3).

Lo que no está en esta ley (aunque lo parezca)

El depósito legal

La disposición adicional primera de la Ley 10/2007 solo describe la misión del depósito legal y encarga al Gobierno un proyecto de ley. Esa ley es la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, que derogó las órdenes de 1971 y 1973 que la Ley 10/2007 había mantenido provisionalmente. Fue reformada por la Ley 8/2022, con efectos desde el 2 de enero de 2023, sobre todo para las publicaciones en línea. Si te preguntan quién está obligado a constituir el depósito, la respuesta es de la Ley 23/2011: los editores con domicilio, residencia o establecimiento permanente en España (art. 6.1).

El préstamo y la remuneración a los autores

La disposición final primera de la Ley 10/2007 modificó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, pero la regla vive allí, no en la Ley 10/2007, y su redacción vigente ya no es la de 2007. Según el artículo 37.2 de esa ley:

• ·Las bibliotecas, archivos, museos, hemerotecas, fonotecas y filmotecas de titularidad pública o de entidades de interés general sin ánimo de lucro no necesitan autorización de los autores para prestar sus obras.
• ·Pero sus titulares remuneran a los autores por esos préstamos, a través de las entidades de gestión. La cuantía la fija un real decreto: hoy, el Real Decreto 624/2014.
• ·Si el titular es un municipio, paga la Diputación provincial. Esta regla se añadió en 2019 (Ley 2/2019) y no aparece en los materiales antiguos.
• ·Quedan exentos los establecimientos públicos de municipios de menos de 5.000 habitantes y las bibliotecas de las instituciones docentes del sistema educativo.

La definición de préstamo está en el artículo 19.4 de la misma ley: uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial, a través de establecimientos accesibles al público.

Cómo encaja con la Ley 16/1985 y con las leyes autonómicas

La Ley 10/2007 no sustituye a la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español: la presupone. Su artículo 14.1 habla del Sistema Español de Bibliotecas «previsto en la Ley 16/1985», que lo crea en su artículo 66, y el patrimonio bibliográfico se define en el artículo 50 de la Ley 16/1985. Un buen reparto para estudiar: la Ley 16/1985 es el patrimonio y la protección; la Ley 10/2007, el libro, la lectura y el servicio bibliotecario.

Con las comunidades autónomas, la propia ley se pone en segundo plano: casi cada artículo de bibliotecas empieza por «sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas», y el artículo 12.3 deja a salvo lo que dispongan en materia de bibliotecas. Por eso cada comunidad tiene su ley, con su propia numeración. Algunas vigentes, comprobadas en el BOE:

• ·Andalucía: Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
• ·Castilla-La Mancha: Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas.
• ·Comunitat Valenciana: Ley 4/2011, de 23 de marzo, de bibliotecas.
• ·Galicia: Ley 5/2012, de 15 de junio, de bibliotecas.
• ·Aragón: Ley 7/2015, de 25 de marzo, de Bibliotecas, que derogó la Ley 8/1986.
• ·Extremadura: Ley 2/2022, de 1 de abril, de bibliotecas, que derogó la Ley 6/1997.
• ·Comunidad de Madrid: Ley 7/2023, de 30 de marzo, del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico, que derogó la Ley 10/1989.

Fíjate en los tres últimos casos: si tu temario autonómico cita una ley derogada, el problema es del temario. Y si te presentas a un ayuntamiento, súmale la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local: su artículo 26.1.b) obliga a prestar el servicio de biblioteca pública en los municipios de más de 5.000 habitantes.

Las trampas que más se repiten

1. 1.Buscar el depósito legal en la Ley 10/2007. Solo hay una disposición adicional que anuncia la ley; el régimen está en la Ley 23/2011.
2. 2.Confundir los porcentajes. 95-100 % es la horquilla general (9.3); 10 %, el Día del Libro y las ferias (11.1.a); 15 %, las bibliotecas y demás instituciones (11.1.b).
3. 3.Añadir servicios básicos que no están. Son cuatro (13.4). Ni secciones infantiles, ni actividades culturales, ni préstamo interbibliotecario como tal.
4. 4.Pensar que una biblioteca privada no puede ser pública. El artículo 13.2 dice «sostenidas por organismos públicos o privados».
5. 5.Dar voto a los profesionales en el Consejo. La ley les da voz, pero no voto (15.2).
6. 6.Los dos «5.000». Más de 5.000 habitantes: biblioteca pública obligatoria (LRBRL, art. 26). Menos de 5.000: exención de la remuneración por préstamo (LPI, art. 37.2). No los cruces.

Cómo estudiarla

• ·Léela entera en el texto consolidado del BOE. Son diecisiete artículos: cabe en una tarde, y te ahorras los errores de los resúmenes.
• ·Memoriza literal los artículos 2.g, 9.3, 10, 11, 13 y 14.2. Son los que se preguntan con las palabras exactas.
• ·Haz una ficha cruzada con la Ley 16/1985 (arts. 50, 59.2 y 66), la Ley 23/2011 y el artículo 37.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.
• ·Añade la ley de tu comunidad si tu convocatoria la incluye, y comprueba en el BOE que sigue vigente.
• ·Practica con preguntas reales. Tienes las del examen de 2023 en el test de Auxiliar de bibliotecas.